Civio contra el gobierno, caso Bosco

Tienes que criar a tu hijo sin ayuda. Ya no sabes cómo estirar el salario. Se acerca el invierno y solicitas el bono social eléctrico, para no tener que decidir si el crio debe pasar hambre o frio y te lo deniegan a pesar de cumplir todos los requisitos.

¿Por qué? Nadie lo sabe. La decisión no la toma un funcionario, ni tampoco un político sino un software llamado Bosco.

Bosco se ejecuta de forma automática y sin supervisión para decidir si eres lo bastante pobre para que el Estado te ayude a calentar tu casa. El problema es que es una maldita caja negra. Nadie, salvo la Administración, puede mirar dentro. Ni tú, ni yo, ni siquiera un juez que trate de entender si la decisión es justa.

Hace ocho años, ante la constatación de que estaba cometiendo errores, la fundación Civio pidió que se publicase el código fuente de Bosco para poderlo auditar. No los planos secretos del búnker de La Moncloa o la transcripción de las conversaciones del Consejo de Ministros, sino el programa que decide si debemos ayudar a alguien a calentar su casa.

Ante el silencio administrativo del Ministerio para la Transición Ecológica, Civio reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG). El CTBG concedió el acceso a la documentación técnica y a los resultados de las pruebas, pero denegó el acceso al código fuente, argumentando que estaba protegido por el derecho de propiedad intelectual.

Propiedad Intelectual, sí… un código que hemos pagado entre todos, que nos pertenece y no tiene ninguna aplicación comercial.

Civio llevó el caso a los tribunales. En diciembre de 2021, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo desestimó el recurso, añadiendo al argumento de la propiedad intelectual, el de «peligro para la seguridad pública».

Según técnicos del Centro Criptológico Nacional —dependiente ni más ni menos que del Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, «nuestra CIA»—, en términos generales la difusión del código fuente de cualquier programa permitiría ataques y la exposición de bases de datos sensibles.

Esta afirmación es un insulto a la inteligencia para cualquiera que tenga un mínimo conocimiento informático. Tanto que merece la pena explicárselo a los muggles que no tienen superpoderes de programación: excepto que el código lo haya hecho un niño de 8 años o el mayor chapuzas del universo, las contraseñas y datos de configuración que permiten el acceso a una base de datos nunca se incluyen en el código sino en un fichero o entorno aparte. No ya por seguridad sino por algo tan lógico como no tener que modificar el código CADA VEZ QUE CAMBIEN.

O nos están tomando el pelo o el código que usa la Administración es un problema de seguridad nacional en sí mismo y debería ser modificado inmediatamente.

Inmune al desaliento, Civio apeló la decisión, pero en abril de 2024 la Audiencia Nacional volvió a fallar en contra, apelando a un informe de Marcos Díaz Martínez, Subdirector General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que afirmó —entre otras cosas— que revelar el código fuente de Bosco podría hacer que se utilizara «la infraestructura de cómputo del Ministerio para la minería de criptomonedas». No es broma, podéis leerlo vosotros mismos.

Si alguna vez tuviera que afirmar algo así de un código que se hubiera desarrollado bajo mi supervisión, creo que lo siguiente que presentaría junto al informe sería mi dimisión.



Bonilla goes puto sensato en la Bonilista 05/10/2025