La ley es una mafia
A principios de febrero, cientos de miles de españoles empezamos a experimentar misteriosos problemas al intentar acceder a algunas webs y servicios online.
Entre las plataformas afectadas había de todo, incluyendo algunas herramientas imprescindibles para el trabajo de miles de personas como GitHub, aplicaciones de domótica y telemedicina o webs de la propia Administración, como las de decenas de ayuntamientos y hasta la de la mismísima Real Academia de la lengua.
Nadie tenía ni idea de qué podía estar pasando, pero enseguida se pudo constatar que los problemas aparecían un poco antes de que se televisara algún partido de fútbol y, casualmente, desaparecían justo después.
Entre las plataformas afectadas había de todo, incluyendo algunas herramientas imprescindibles para el trabajo de miles de personas como GitHub, aplicaciones de domótica y telemedicina o webs de la propia Administración, como las de decenas de ayuntamientos y hasta la de la mismísima Real Academia de la lengua.
Nadie tenía ni idea de qué podía estar pasando, pero enseguida se pudo constatar que los problemas aparecían un poco antes de que se televisara algún partido de fútbol y, casualmente, desaparecían justo después.
La primera reacción de Telefónica y otros operadores fue asegurar que todo se debía a «incidencias técnicas», pero era mentira.
En una Bonilista publicada el 16 de febrero documenté lo que realmente estaba pasando. Telefónica se había denunciado a sí misma, utilizando una argucia legal para poder bloquear IPs (la dirección de un servidor —físico o virtual— en Internet donde se puede alojar una web… o un millón) a su voluntad y así tratar de impedir que se pirateara la emisión de los partidos de fútbol que ofrecía como servicio de pago.
Esa estrategia de brocha gorda suponía que, además de las supuestas aplicaciones pirata, también bloquearían un montón de servicios legítimos que no tenían nada que ver con los primeros. Un disparate que lesionaba los derechos fundamentales de cientos de miles de ciudadanos para defender los intereses económicos de unos pocos, lo que no debería tener ningún tipo de cobertura legal en un Estado de derecho.
Pero la tenía.
El fútbol es más importante que tus derechos
Debido a la peculiar implementación del principio de publicidad de la Justicia del Consejo General del Poder Judicial, hasta hace poco no pudimos conocer que la sentencia que daba cobertura legal a este sinsentido no era la de 2022 que se referenciaba en la primera Bonilista sino una nueva del 18 diciembre de 2024. Casualmente, dictada por el mismo juzgado mercantil n.º 6 de Barcelona que ya dictó la anterior. La información más relevante que se extrae de la misma es:
Se sigue utilizando la misma argucia legal que en la anterior. Telefónica se denuncia a sí misma y a los proveedores de acceso a Internet más importantes, exigiendo una serie de medidas para proteger sus intereses económicos que incluyen el bloqueo de IPs a su voluntad.
En esta ocasión la Liga Nacional de Fútbol Profesional se une a Telefónica como demandante. Quizás por dar más empaque a una demanda que se supone que tiene como objetivo proteger su propiedad intelectual. Quizás para que Javier Tebas, presidente de la Liga, pueda venderse en todos los medios como adalid de la lucha contra la piratería y hasta contra la pornografía infantil. Pero su participación es irrelevante...
...porque todos los demandados se vuelven a «allanar» o, lo que es lo mismo, admiten los hechos y asumen las medidas solicitadas por los demandantes. Esto es CRUCIAL, porque siguiendo la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando esto sucede el juez tiene que conceder lo solicitado. También porque, si no hubiera allanamiento, tendría que celebrarse juicio y cada parte presentar sus pruebas y alegaciones.
El único límite al allanamiento es que no sea contrario a la ley, «al orden público ni perjudique a terceros» y, aparentemente, el juez no cree que bloquear una tienda de comercio electrónico, la web de una agencia de viajes o la jodida página de la Real Academia de la lengua perjudique a terceros ni mucho menos infrinja ley alguna. O no cree que pueda demostrarlo. O pasa de meterse en líos cuando unos y otros parecen estar de acuerdo. Qué más da.
Por eso Telefónica se denuncia a sí misma para luego allanarse. Porque eso obliga al juez a demostrar que las medidas propuestas no se ajustan a derecho para no concederlas... y, con esas medidas, tiene una cobertura legal para bloquear IPs sin ningún tipo de supervisión legal. Puede bloquear la web de tu empresa, argumentando que desde la misma IP donde está alojada se está emitiendo fútbol pirata, y no podrías decir nada.
Las mismas medidas que ya se contemplaban en la sentencia de 2022, pero añadiendo un pequeño matiz sin importancia… permite continuar con los bloqueos indiscriminados hasta el fin de la temporada 2026-2027.
Y ¿por qué el resto de proveedores de acceso a Internet también se allanan? Porque no tienen nada que perder. Al fin y al cabo, si todos bloquean los mismos servicios no hay riesgo de que sus clientes se vayan a la competencia y, por otro lado, la mayoría también revende el fútbol en sus propias plataformas de televisión de pago.
Ellos ganan. Nosotros perdemos.
Se sigue utilizando la misma argucia legal que en la anterior. Telefónica se denuncia a sí misma y a los proveedores de acceso a Internet más importantes, exigiendo una serie de medidas para proteger sus intereses económicos que incluyen el bloqueo de IPs a su voluntad.
En esta ocasión la Liga Nacional de Fútbol Profesional se une a Telefónica como demandante. Quizás por dar más empaque a una demanda que se supone que tiene como objetivo proteger su propiedad intelectual. Quizás para que Javier Tebas, presidente de la Liga, pueda venderse en todos los medios como adalid de la lucha contra la piratería y hasta contra la pornografía infantil. Pero su participación es irrelevante...
...porque todos los demandados se vuelven a «allanar» o, lo que es lo mismo, admiten los hechos y asumen las medidas solicitadas por los demandantes. Esto es CRUCIAL, porque siguiendo la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando esto sucede el juez tiene que conceder lo solicitado. También porque, si no hubiera allanamiento, tendría que celebrarse juicio y cada parte presentar sus pruebas y alegaciones.
El único límite al allanamiento es que no sea contrario a la ley, «al orden público ni perjudique a terceros» y, aparentemente, el juez no cree que bloquear una tienda de comercio electrónico, la web de una agencia de viajes o la jodida página de la Real Academia de la lengua perjudique a terceros ni mucho menos infrinja ley alguna. O no cree que pueda demostrarlo. O pasa de meterse en líos cuando unos y otros parecen estar de acuerdo. Qué más da.
Por eso Telefónica se denuncia a sí misma para luego allanarse. Porque eso obliga al juez a demostrar que las medidas propuestas no se ajustan a derecho para no concederlas... y, con esas medidas, tiene una cobertura legal para bloquear IPs sin ningún tipo de supervisión legal. Puede bloquear la web de tu empresa, argumentando que desde la misma IP donde está alojada se está emitiendo fútbol pirata, y no podrías decir nada.
Las mismas medidas que ya se contemplaban en la sentencia de 2022, pero añadiendo un pequeño matiz sin importancia… permite continuar con los bloqueos indiscriminados hasta el fin de la temporada 2026-2027.
Y ¿por qué el resto de proveedores de acceso a Internet también se allanan? Porque no tienen nada que perder. Al fin y al cabo, si todos bloquean los mismos servicios no hay riesgo de que sus clientes se vayan a la competencia y, por otro lado, la mayoría también revende el fútbol en sus propias plataformas de televisión de pago.
Ellos ganan. Nosotros perdemos.
Como cantaba Coti, nada de esto fue un error
Hasta ahora podíamos pensar que toda esta locura se debía más a la simple ignorancia que a la pura maldad, pero estábamos equivocados. El recurso de nulidad impulsado por RootedCON y otros perjudicados nos sacó de nuestro error.
El mismo juzgado mercantil n.º 6 de Barcelona lo ha desestimado por completo. En contra del puro sentido común, el juez afirma que «no se acredita […] que se haya producido perjuicio alguno». ¿Pensaría lo mismo si el bloqueo hubiera tumbado alguna de las herramientas que usa en su día a día? Y si un hacker dejara inaccesible la web del Consejo General del Poder Judicial —al igual que quedaron la del Ayuntamiento de Betanzos o la de ChatGPT— ¿Consideraría que tampoco se está causando perjuicio alguno?
La patronal que reúne a los principales proveedores de acceso a Internet, en vez de defender a sus clientes ha respaldado el atropello de sus derechos con una vergonzante nota de prensa llena de inexactitudes y falsedades.
Telefónica y —especialmente— La Liga se han quitado las caretas. Especialmente indignantes son las declaraciones de Javier Tebas, presidente de La Liga, que ha reconocido públicamente que los bloqueos han afectado a esos terceros que el juez considera que no han sufrido perjuicio alguno, con soberbia y total impunidad.
Pero, quizás, lo más llamativo es el ensordecedor silencio que siguen observando políticos de uno y otro signo respecto a una artimaña legal que perjudica al interés general, a pesar de demostrar una y otra vez que no tienen ningún problema en opinar sobre sentencias y autos judiciales que les desagradan.
Y nosotros… ¿qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer?
Como consumidores, no tenemos muchas opciones, puesto que todos los operadores con red propia en el territorio español son arte y parte de este absurdo.
Como ciudadanos, sin embargo, nunca deberíamos dejar de luchar por nuestros derechos. Si no lo hacemos ahora, después quizás sea demasiado tarde.
Podemos escribir dos Bonilistas. Podemos escribir al juzgado mercantil n.º 6 de Barcelona (mercantil6.barcelona@xij.gencat.cat).Y hasta podemos escribir al Defensor del Pueblo.
Cualquier cosa que contribuya a generar ese «ruido social» cuya ausencia Tebas utiliza como argumento para legitimar sus actos. No porque sea necesario —un solo inocente perjudicado ya sería demasiado— sino para que los políticos que juraron defender los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución no puedan seguir ignorándolos.
Que no puedan seguir ignorándonos.
Telefónica y —especialmente— La Liga se han quitado las caretas. Especialmente indignantes son las declaraciones de Javier Tebas, presidente de La Liga, que ha reconocido públicamente que los bloqueos han afectado a esos terceros que el juez considera que no han sufrido perjuicio alguno, con soberbia y total impunidad.
Pero, quizás, lo más llamativo es el ensordecedor silencio que siguen observando políticos de uno y otro signo respecto a una artimaña legal que perjudica al interés general, a pesar de demostrar una y otra vez que no tienen ningún problema en opinar sobre sentencias y autos judiciales que les desagradan.
Y nosotros… ¿qué podemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer?
Como consumidores, no tenemos muchas opciones, puesto que todos los operadores con red propia en el territorio español son arte y parte de este absurdo.
Como ciudadanos, sin embargo, nunca deberíamos dejar de luchar por nuestros derechos. Si no lo hacemos ahora, después quizás sea demasiado tarde.
Podemos escribir dos Bonilistas. Podemos escribir al juzgado mercantil n.º 6 de Barcelona (mercantil6.barcelona@xij.gencat.cat).Y hasta podemos escribir al Defensor del Pueblo.
Cualquier cosa que contribuya a generar ese «ruido social» cuya ausencia Tebas utiliza como argumento para legitimar sus actos. No porque sea necesario —un solo inocente perjudicado ya sería demasiado— sino para que los políticos que juraron defender los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución no puedan seguir ignorándolos.
Que no puedan seguir ignorándonos.
Bonilla goes activista en la Bonilista 13/04/2025
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