Ley Bolaños - No me toques los papelillos
El polémico proyecto de ley de Información Clasificada, con el que el Gobierno quiere enterrar la ley de Secretos Oficiales de 1968, contiene un redactado final que ha enfadado al Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Por primera vez se propone derogar una de sus funciones incluidas en el artículo 4 de la norma que rige el funcionamiento de los servicios secretos, según admiten fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE.
La llamada ley reguladora del CNI data de 2002 y fue consensuada por el PP y el PSOE bajo el segundo Gobierno de José María Aznar. Con ella se pusieron límites judiciales a la acción de los servicios secretos tras los escándalos de escuchas ilegales en los noventa del entonces Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Durante las más de dos décadas en vigor de esta ley, apenas ha tenido unos retoques legales para cambiar la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Pero ahora el Ministerio de Presidencia, que dirige Félix Bolaños, pretende arrebatar al CNI una de sus funciones claves.
Se trata del apartado f) del artículo cuarto, en el que se confiere al CNI la competencia de «velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de la información clasificada». Una función que, si sale adelante el proyecto de ley de Información Clasificada tal y como fue aprobado por el Consejo de Ministros en julio, pasaría a manos de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, un nuevo ente gubernamental que quedaría adscrito a Presidencia.
Bolaños introdujo dicha derogación que afecta al CNI en el último texto que se negoció dentro del Gobierno, con el fin de que no quedase «ninguna duda» de que Presidencia será el que decida todo lo relativo al control, acceso y eventual destrucción de toda la información secreta que maneje la inteligencia española, según las citadas fuentes. Ello supondría que funcionarios ajenos al CNI decidirían sobre cuestiones internas del servicio secreto, una situación nunca vista desde que España cuenta con una agencia de inteligencia propiamente dicha.
En las versiones previas de la disposición derogatoria única que circularon entre los ministerios más afectados -Presidencia, Defensa, Exteriores e Interior- solo se mencionaba el carpetazo a la ley preconstitucional de Secretos Oficiales, junto con un enunciado genérico que afectaba a «cualquier otra disposición de igual o inferior rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en esta ley». Sin embargo, en el último momento se llevó al Consejo de Ministros un texto que afecta de lleno a los servicios secretos, ya que se menciona de forma expresa la derogación del citado artículo 4.f) de la ley del CNI (ver abajo). Un paso que ningún Gobierno previo, fuese del color que fuese, se había atrevido a dar desde que en 2002 se aprobó la norma que reformó el CESID de arriba a abajo con el visto bueno del PP y PSOE.
La derogación impulsada por Bolaños no fue consultada con carácter previo con el CNI ni con el Ministerio de Defensa y provocó que la ministra de este último departamento, Margarita Robles, retirase su firma del documento que se elevó al Consejo de Ministros para su aprobación. El ministro de la Presidencia sí que consiguió que José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska no pusieran reparos a su proyecto de ley, aunque en la versión enviada al Parlamento solo aparece la firma del primero.
Para aislar a Robles, Bolaños tuvo un último guiño con el titular de Interior. Durante la negociación en los días previos a la reunión del Consejo de Ministros, se excluyó de la competencia para clasificar, reclasificar y desclasificar a los principales responsables del departamento que dirige Marlaska (ver abajo). Sin embargo, en la versión final aprobada por el Gobierno el 22 de julio sí que se amplió dicha potestad a los titulares de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ambos adscritos a la cúpula de Interior.
Presidencia también intentó atraerse a Defensa con carácter previo eliminando una referencia que podía ofender al departamento de Robles. En concreto, la mención de que el ministerio de Bolaños era «la sede más idónea, dada la naturaleza de las tareas que corresponde desempeñar a este departamento». También amplió un párrafo (ver abajo) para blindar el control de la información más sensible de Defensa con la OTAN, una exigencia impuesta por la Alianza Atlántica. Pero la maniobra en el último instante contra el CNI llevó a Robles a desmarcarse del texto en la misma mesa del Consejo de Ministros.
«Todo este ruido no ayuda. Esta modificación tiene una clara intencionalidad por parte de Presidencia y no conviene en estos momentos. Se necesita una justificación, valorar su alcance y nada de ello se ha hecho», señalan las fuentes gubernamentales que se oponen a este proyecto de ley y que trasladan su «esperanza» de que la iniciativa «no salga finalmente adelante», tal y como ha ocurrido con otros intentos legislativos en el pasado por modificar la ley de Secretos Oficiales de 1968.
La llamada ley reguladora del CNI data de 2002 y fue consensuada por el PP y el PSOE bajo el segundo Gobierno de José María Aznar. Con ella se pusieron límites judiciales a la acción de los servicios secretos tras los escándalos de escuchas ilegales en los noventa del entonces Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Durante las más de dos décadas en vigor de esta ley, apenas ha tenido unos retoques legales para cambiar la composición de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia. Pero ahora el Ministerio de Presidencia, que dirige Félix Bolaños, pretende arrebatar al CNI una de sus funciones claves.
Se trata del apartado f) del artículo cuarto, en el que se confiere al CNI la competencia de «velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la protección de la información clasificada». Una función que, si sale adelante el proyecto de ley de Información Clasificada tal y como fue aprobado por el Consejo de Ministros en julio, pasaría a manos de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, un nuevo ente gubernamental que quedaría adscrito a Presidencia.
Bolaños introdujo dicha derogación que afecta al CNI en el último texto que se negoció dentro del Gobierno, con el fin de que no quedase «ninguna duda» de que Presidencia será el que decida todo lo relativo al control, acceso y eventual destrucción de toda la información secreta que maneje la inteligencia española, según las citadas fuentes. Ello supondría que funcionarios ajenos al CNI decidirían sobre cuestiones internas del servicio secreto, una situación nunca vista desde que España cuenta con una agencia de inteligencia propiamente dicha.
En las versiones previas de la disposición derogatoria única que circularon entre los ministerios más afectados -Presidencia, Defensa, Exteriores e Interior- solo se mencionaba el carpetazo a la ley preconstitucional de Secretos Oficiales, junto con un enunciado genérico que afectaba a «cualquier otra disposición de igual o inferior rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en esta ley». Sin embargo, en el último momento se llevó al Consejo de Ministros un texto que afecta de lleno a los servicios secretos, ya que se menciona de forma expresa la derogación del citado artículo 4.f) de la ley del CNI (ver abajo). Un paso que ningún Gobierno previo, fuese del color que fuese, se había atrevido a dar desde que en 2002 se aprobó la norma que reformó el CESID de arriba a abajo con el visto bueno del PP y PSOE.
La derogación impulsada por Bolaños no fue consultada con carácter previo con el CNI ni con el Ministerio de Defensa y provocó que la ministra de este último departamento, Margarita Robles, retirase su firma del documento que se elevó al Consejo de Ministros para su aprobación. El ministro de la Presidencia sí que consiguió que José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska no pusieran reparos a su proyecto de ley, aunque en la versión enviada al Parlamento solo aparece la firma del primero.
Para aislar a Robles, Bolaños tuvo un último guiño con el titular de Interior. Durante la negociación en los días previos a la reunión del Consejo de Ministros, se excluyó de la competencia para clasificar, reclasificar y desclasificar a los principales responsables del departamento que dirige Marlaska (ver abajo). Sin embargo, en la versión final aprobada por el Gobierno el 22 de julio sí que se amplió dicha potestad a los titulares de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, ambos adscritos a la cúpula de Interior.
Presidencia también intentó atraerse a Defensa con carácter previo eliminando una referencia que podía ofender al departamento de Robles. En concreto, la mención de que el ministerio de Bolaños era «la sede más idónea, dada la naturaleza de las tareas que corresponde desempeñar a este departamento». También amplió un párrafo (ver abajo) para blindar el control de la información más sensible de Defensa con la OTAN, una exigencia impuesta por la Alianza Atlántica. Pero la maniobra en el último instante contra el CNI llevó a Robles a desmarcarse del texto en la misma mesa del Consejo de Ministros.
«Todo este ruido no ayuda. Esta modificación tiene una clara intencionalidad por parte de Presidencia y no conviene en estos momentos. Se necesita una justificación, valorar su alcance y nada de ello se ha hecho», señalan las fuentes gubernamentales que se oponen a este proyecto de ley y que trasladan su «esperanza» de que la iniciativa «no salga finalmente adelante», tal y como ha ocurrido con otros intentos legislativos en el pasado por modificar la ley de Secretos Oficiales de 1968.
Vamos, que Presidencia quiere cuidar sus papelitos. :-)
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