Ley de información Clasificada

No me huele nada bien. De momento, solo ha pasado el primer trámite. Pero no me gusta como apunta a cercenar el derecho de la opinión pública a recibir información y nuestro papel fundamental en facilitárselo. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de Información Clasificada, que deberá sustituir a la franquista Ley de Secretos Oficiales.

Muchos han sido los intentos en democracia para cambiar una ley desfasada, pero mi intuición es que todos se amparan en una parte de la ley fácil de vender como un gran avance, para discretamente arremeter contra los periodistas y regular en su contra un derecho fundamental.

Mi primera experiencia personal con la vieja, aun en vigor, Ley de Secretos Oficiales, fue en 1993 cuando iba a publicar “La Casa”, el primer libro editado en España sobre el servicio secreto. El abogado que lo leyó, por el temor de la editorial Temas de Hoy a que fuera secuestrado por orden del Gobierno, detectó 1.621 desviaciones de la norma. Con solo tres cambios, fue publicado sin una sola querella: primó el derecho de la opinión pública a saber por encima de esa restrictiva ley. Nadie me multó ni solicitó que me metieran en la cárcel.

Álvarez Cascos también intentó poner límites

En 1995, en la presentación de mi segundo libro, “Espías”, Francisco Álvarez Cascos, secretario general del PP, anunció que cuando llegaran al poder cambiarían la ley para que pudiéramos publicar información de valía sin que nadie nos pusiera trabas. Dos años después, ya siendo vicepresidente del Gobierno, se filtró el proyecto de ley prometido que reflejaba unas sanciones millonarias para los periodistas que, como había hecho yo, denunciáramos el mal funcionamiento de la sociedad hablando de temas clasificados como secreto.

Además de necesitar que nos quiten las trabas para poder sacar a la luz la información que los gobiernos y poderosos no quieren que se conozca porque los perjudica, también defendemos la desclasificación en un número de años concreto de cualquier información incluida en el paraguas de los secretos. Hasta tal punto, que hemos denunciado insistentemente que ni siquiera conocemos la información reservada de la época de Franco, cuando ya deberíamos tener acceso, incluso, hasta lo más oculto de la época de Felipe González. No porque el contenido de esos documentos pueda ser ilegal, sino porque en su momento se hizo a espaldas de todos los españoles.

Este secretismo ha hecho que el principal debate cada vez que se planteaba cambiar la Ley, se centrara en la necesidad de conocer las alcantarillas de la Transición, las acciones de los GAL, el intento de golpe de Estado del 23-F o los papeles que expliquen cómo los gobiernos o el PNV hacían concesiones a ETA.

Disuadirnos de dar noticias conflictivas

Ante la necesidad de la desclasificación, en el debate público ha perdido interés el tema del castigo a los periodistas que saquen a la luz información clasificada. Lleva pasando unos cuantos años y acaba de volver a ocurrir. Aunque he leído que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, rebaja la multa máxima por difundir lo que se van a denominar “Alto secreto” o “Secreto” a 2,5 millones de euros (antes estaba en 3), no puedo más que reírme: qué más da, es tan disuasoria una cantidad como la otra y el Gobierno lo sabe.

Como un gesto de buena fe, aunque el nuevo proyecto de ley no establece excepciones, Bolaños incluye un criterio de graduación en las penas por “el ejercicio del derecho a la libertad de información”. Una graduación que deja abierta, asentada, la posibilidad de que los periodistas no solo seamos sancionados económicamente, sino también penalmente. Una dificultad para el ejercicio del periodismo en general y del periodismo de investigación en particular. Pero, claro, eso al actual Gobierno y a los anteriores les importa poco. Pero a los ciudadanos sí debería.

Fuente: Fernando Rueda