El caso de Emérita Legal y el CENDOJ

Siempre he dicho que amo mi profesión porque la Informática ofrece un verdadero poder transformador para mejorar la Sociedad… otra cosa es cómo lo usemos. Hoy desnudaremos ese poder para apreciar su grandeza y, también, sus miserias.

 

Cuando empecé a escribir este texto solo buscaba documentar los acontecimientos que llevaron a la startup Emérita Legal —que pretendía hacer nuestro sistema judicial más accesible y transparente— a cerrar en abril de este mismo año, ante el acoso de distintas administraciones y grandes corporaciones.

 

Apenas llevaba un par de párrafos escritos cuando me di cuenta de que el verdadero protagonista de esta historia no era una empresa en concreto, sino todos nosotros. Nosotros y el Estado que queramos darnos para convivir y progresar. Un Estado que —nunca debemos olvidar— financiamos con nuestros impuestos y legitimamos con nuestros votos.

 

Uno de los pilares de ese Estado es un sistema de justicia regido por principios como el de la publicidad de las actuaciones judiciales, consagrada en el artículo 120 de la Constitución Española. Y esa publicidad no es gratuita, sino que persigue una doble finalidad: protegernos de una justicia sustraída al control público y mantener nuestra confianza en la misma.

 

La publicidad judicial siempre se ha visto frenada por dos importantes obstáculos. Por un lado, el choque con otros derechos protegidos jurídicamente. ¿Qué debería primar? ¿Nuestro derecho a conocer las sentencias emitidas por nuestros tribunales o el derecho al honor y la intimidad de las partes mencionadas en las mismas?

 

Por otro, la ingente labor que supone recopilar, procesar y poner a disposición de la ciudadanía los 2 millones y medio de resoluciones que genera cada año nuestro sistema judicial.

 

Afortunadamente, la Informática puede ayudar a superar ambas dificultades. Por un lado, anonimizando las sentencias de forma automática, con programas que procesen todos los textos y eliminen los datos personales contenidos en los mismos.

 

Por otro, digitalizando todo el proceso, lo que permitiría escalar la gestión documental del sistema.

 

Y lo hemos hecho. El Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) del Consejo General del Poder Judicial se encarga de la publicación oficial de la jurisprudencia, previamente anonimizada a través de un proveedor externo. 

Eso sí, con dos pequeños «matices» sin importancia: solo procesa el 12% del total resoluciones y cobra por consultarlas de forma escalable. Puede usarse gratuitamente solo si se busca resolución a resolución y en un formato (PDF) que impide procesarlas automáticamente.

 

Sorprendentemente, a pesar de ser un organismo público los precios del CENDOJ no lo son. En una carta remitida a Emérita Legal en julio de 2019, el CENDOJ ofrecía unas tarifas de 1,27€ por sentencia, con una rebaja de hasta el 50% por compras superiores a 200.000 resoluciones. Eso establece una barrera de entrada para hacerse con la jurisprudencia anual de alrededor de 190.000€ y unos 5,7 millones de euros si quisiéramos procesar las casi 9 millones de resoluciones que almacenan.

 

Emérita Legal consiguió saltarse esa barrera —y llegar más allá del 12% de resoluciones— con un sistema tan ingenioso como económico: un ranking de abogados según casos ganados, que les daba una motivación para enviar las sentencias, autos y acuerdos en los que habían participado. Por motivos evidentes, los abogados solo subían las sentencias que ganaban, pero por cada abogado que perdía un caso había otro que lo ganaba, as&iacute que el sistema se autobalanceaba.

 

Además, estaba bien pensado. Anonimizaban las sentencias y en el ranking solo aparecían abogados que estuvieran en el percentil 70 o superior. Nadie debía temer por que sus datos aparecieran por todos lados. Nadie debía temer por que su reputación profesional se viera afectada.

 

De 2019 a 2024, analizaron 11 millones de documentos judiciales —1,8 millones al año— 6 veces más que las publicadas por CENDOJ y hasta 34 veces más en el caso de las resoluciones de primera instancia.

 

Recibieron el premio del Consejo General de la Abogacía — el máximo órgano de los abogados en España— como mejor legal tech de 2019. El Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, les demandó y —a instancias del mismo— la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrió un expediente sancionador de 600.000€ por el tratamiento de los datos personales que incluían las sentencias que procesaban.

 

En 2020, Wolters Kluwer —uno de los compradores «al peso» de las resoluciones del CENDOJ, para revendérselas después a los despachos de abogados— les demandó por competencia desleal.

 

Ganaron tanto el litigio con el CGPJ como a la multinacional neerlandesa, pero —después de 5 años gastando tiempo, energías y recursos para defenderse judicialmente— cuando Wolters Kluwer recurrió la sentencia, para que tuvieran que seguir luchando por demostrar que su servicio era legal en vez de centrarse en hacerlo rentable, decidieron tirar la toalla. Las grandes corporaciones ganaban una vez más.

 

Nadie sabe los criterios por los que el CGPJ selecciona ese 12% de jurisprudencia que se publica cada año, pero esa arbitrariedad no parece compatible con el supuesto control del desempeño de la judicatura que persigue la publicidad de sus resoluciones.

 

Tampoco se sabe por qué ha establecido esa barrera de entrada económica para procesar sus datos, pero en 2023 apenas ingresaron 1,3 millones de euros por ese concepto en las arcas públicas. Eso es lo que recibimos a cambio de renunciar a nuestro legítimo derecho a acceder a una información que es nuestra. Que ya hemos pagado con nuestros impuestos.

 

Sin embargo, lo más probable es que la motivación detrás de este sinsentido no sea económica sino mucho más mundana: el miedo que todos tenemos a que cualquiera pueda saber lo bien o mal que hacemos nuestro trabajo.

 

Mi amigo Jaime Gómez-Obregón ha lamentado no poder auditar dichos datos públicos como ha hecho con los contratos de distintas administraciones, revelando interesantes conexiones entre ciertas instituciones y empresas privadas. Y en ese mismo artículo, Alfonso Peralta Gutiérrez —magistrado y asesor en distintos comités internacionales sobre la aplicación de la Inteligencia Artificial en administraciones de justicia— dejaba un comentario bastante esclarecedor.

 

Lo que le preocupa a Alfonso —y probablemente a la cúpula de la judicatura— es que, al analizar datos de forma masiva, se pueden extraer ciertos patrones o sesgos en las resoluciones de unos jueces que, en teoría, deben ser imparciales y dejar fuera del juzgado su ideología, religión, orientación sexual o cualquier otra cuestión relativa a su ámbito personal.

 

Alfonso cree que, si se eliminara cualquier barrera de entrada para acceder a los datos judiciales, cualquiera podría utilizar dicha información para hacer un perfil de cada juez. Pero la actual barrera económica no lo impide, solo lo restringe a empresas que puedan pagar 6 millones de euros. Lo que cuesta hacerse con el juego de datos completo.

 

Y sí lo hiciéramos ¿sería tan malo? ¿Y si al examinar las sentencias pudiéramos determinar que un juez impone penas más duras o leves cuando concurren una serie de circunstancias? ¿Y si pudiéramos comprobar que sus sentencias varían notablemente dependiendo de las circunstancias particulares de demandantes o demandados.

 

Quiero pensar que los primeros interesados en conocer hasta qué punto son imparciales e independientes deberían ser los propios jueces, porque la mejor manera de luchar contra nuestros propios sesgos es conocerlos.

 

Siempre va a haber alguien que trate de explotarlos, pero ocultarlos para impedirlo no solo es inútil sino que desprende un horrible tufo corporativista.

 

¿Podría afectar a la esfera personal de los jueces esa fiscalización de su trabajo? ¿Supondría una presión extra? Puede ser pero, una vez más, no debemos olvidar que estos datos son nuestros y, los jueces, funcionarios —nuestros empleados— que se han presentado voluntariamente a unas oposiciones para ocupar un cargo que debe tener un nivel de responsabilidad equivalente al enorme poder e independencia que lleva aparejado.

 

Todo esto es tan relevante para nuestra propia convivencia que jamás debería haberse hurtado del debate público ni debería ser decidido por los propios jueces, que tienen un evidente conflicto de intereses. 

Así que, más allá del caso de Emérita Legal, de los beneficios de Wolters Kluwer o de lo que opine Alfonso Peralta Gutiérrez, todo se reduce a una simple pregunta; 

 

¿Creemos que la publicidad de nuestra justicia debería primar siempre sobre la incomodidad que puede suponer para los jueces el escrutinio constante de su trabajo?

 

Aunque nuestros políticos nunca nos la han hecho, yo tengo clara mi respuesta y me encantaría poder leer la vuestra.

 

 

 

Bonilla goes leguleyo en la bonilista 10/11/2024