Familia Campos Peña, ladrones de agua

Robar agua en el entorno de Doñana es un buen negocio porque los terratenientes casi nunca pagan las multas que les impone la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, incluso aunque las ratifique el Tribunal Supremo. 

Detraer millones de metros cúbicos de agua de manera ilegal apenas tiene consecuencias pese a la acción sancionadora de los agentes medioambientales y la Guardia Civil, y el grave daño ocasionado durante décadas al acuífero del Parque Nacional, muy erosionado por la agricultura intensiva.

 

La familia Campos Peña, cinco hermanos latifundistas de la finca Hato Blanco Viejo en Aznalcázar (Sevilla), condenados el pasado septiembre a tres años y medio de cárcel por extraer de manera ilegal 19,4 millones de metros cúbicos de agua, acumularon entre 1997 y 2013 un total de 14 multas millonarias, tres de ellas ratificadas por el Tribunal Supremo. 

Sin embargo, la Confederación Hidrográfica no ha cobrado ni un céntimo de los 2,1 millones de euros que suman estas tres últimas sanciones, según reconoce el organismo del Ministerio para la Transición Ecológica. Este diario solicitó durante meses conocer la cuantía finalmente cobrada a esta familia terrateniente, y la confederación ha admitido su ineficacia para hacer que los infractores paguen, en una respuesta escrita a través del Portal de Transparencia.

 

Este caso es el más claro ejemplo de una práctica habitual extendida entre los terratenientes: acumular multas administrativas durante años, recurrirlas todas ante la justicia para lograr el impago por prescripción, y en caso de condena, declarar las sociedades agrícolas insolventes pese al continuo beneficio económico que dan sus cosechas. 

Hoy sus 1.044 hectáreas de arroz, algodón y remolacha funcionan a pleno rendimiento. Y mientras, pese a las condenas y multas de la propia confederación, este organismo sigue dando y renovando permisos a los saqueadores del agua para regar, como el último concedido en 2018. Una vez tras otra, ya que Doñana no tiene voz para clamar por su ecosistema.

 

Al declararse insolventes durante 16 años mientras producían grandes cosechas, el robo del agua continuado por parte de estos hacendados sevillanos quedó impune por partida doble: nada de los 2,1 millones del Supremo fue cobrado, pero los agentes medioambientales también impusieron multas administrativas e indemnizaciones por los daños causados al dominio público hidráulico a través de 11 expedientes que suman 3,6 millones. Tras recurrir por vía administrativa y judicial cada sanción de la confederación, los Campos Peña lograron pagar solo 770.072 euros. 

Es decir, el 21% de las multas impuestas en un principio. En total, de los 5,7 millones que los terratenientes debieron haber pagado según la Administración, solo abonaron 770.072 euros, el 13% del total.

 

En varias ocasiones, las multas impuestas acabaron en imposibilidad de cobro: “Al igual que en casos anteriores, las gestiones recaudatorias de la Agencia Tributaria terminan con la declaración del crédito incobrable por la insolvencia del deudor, situación que es comunicada por la Agencia Tributaria a la Confederación en marzo de 2013″, reza la respuesta referente al expediente 564/04, que sumaba 93.984 euros.

 

En su sentencia, la jueza Isabel de Luque, titular del Juzgado de lo Penal 14 de Sevilla y que condenó a los cinco hermanos, destacó el “enorme beneficio” económico a costa de los intereses públicos y reprochó al organismo de Transición Ecológica su inacción: “No es la conducta pública más o menos diligente la que es objeto de enjuiciamiento, ni puede mitigar su eventual ineficacia controladora o represiva la responsabilidad de los particulares”. 

Además de la pena de prisión, los empresarios deberán pagar 1,9 millones como indemnización por el robo masivo de agua. Si la Audiencia y el Supremo confirman la condena, los Campos Peña serán los primeros agricultores en entrar en prisión por el expolio de agua en Huelva y Sevilla, ya que ningún otro ha superado la condena de dos años de cárcel.

 

¿Es un fraude declararse insolvente y seguir produciendo bajo otras sociedades? “Para nada. Mis clientes no han movido su patrimonio en aras de evitar posibles resoluciones judiciales, sigue siendo el mismo desde su origen”, responde el abogado de los terratenientes, Juan Luis Pérez Marín, que defiende su labor para aprovechar las grietas de la garantista ley de aguas y la prescripción de delitos ante una farragosa burocracia: “No tienen [los Campos Peña] un entramado de sociedades como torticeramente apunta el Ministerio Fiscal. Solo se han limitado a defenderse con éxito, ganado la inmensa mayoría de expedientes sancionadores incoados, y de los que le han sido sancionados, se han limitado a defenderse en ejecución de sentencia”, añade. “La Agencia Tributaria fue en ocasiones muy torpe porque jugó la baza de la responsabilidad mancomunada. Y todo en esta vida prescribe. Los temas se suelen ganar por las formas, no por el fondo”, opina.

 

Un sistema inoperante

 

Una de las sentencias favorables a los hacendados provocó que la confederación cambiara el sistema de valoración del daño medioambiental y desde entonces lo regulara por orden ministerial, ya que los altos cargos del ministerio carecían de competencias para regular mediante informes propios los daños al medio ambiente.

 

Fuentes del caso reflexionan sobre las maniobras legales que dificultan o impiden el cobro de las multas a los expoliadores del robo de agua junto a Doñana: “Algo falla en el sistema cuando se siguen haciendo concesiones que tienen multas por pagar por cientos de miles de euros y expedientes administrativos abiertos en confederación”. La jueza definió la captación ilegal de agua como “sistemática, ambiciosa, de carácter industrial y mantenida durante años”, lo que provocó que el nivel freático del acuífero bajara hasta 15 metros.

 

Un antiguo cargo de este organismo echa sal a la herida y bajo anonimato reprocha al ente que vigila la salud de los acuíferos su poca voluntad para atacar al bolsillo de los saqueadores: “Dentro de la casa se percibe que no hay interés por cobrar. Ha habido favoritismo hacia Hato Blanco Viejo, que se maneja bien con la derecha política, y Hato Ratón Viejo [finca contigua], que se maneja bien con los altos cargos de la izquierda porque son muchos parcelistas”. Este exresponsable es muy crítico con el nivel de influencia que han ejercido los terratenientes sobre la cúpula del organismo, dirigido por Joaquín Páez, exdelegado de Medio Ambiente socialista de Chiclana (Cádiz). “Son fincas colindantes que han extraído agua de forma ilegal y han ido a llorarle a la derecha y a la izquierda, que les perdonan por similitud. La obligación de confederación es vigilar que no haya detracciones ilegales y cobrarles. Mientras no les cobraban, les seguían dando permisos. Es toda una mentira colosal que nadie se ha atrevido a parar”, censura.

 

Muchos involucrados en la mafia del agua

 

El bufete de los Campos Peña está dirigido por Eduardo Arenas, hermano del senador, exministro e histórico líder del PP en Andalucía Javier Arenas. La condena a tres años y medio de cárcel a cada hermano de esta familia terrateniente por el expolio de agua está recurrida ante la Audiencia de Sevilla, que se pronunciará en breve sobre si amplía, reduce o mantiene la pena.

 

El comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Alejandro Rodríguez González, expresó en una conversación grabada en 2020 su clara connivencia con los dirigentes de la Comunidad de Regantes del Viar, pese a los desmanes que ya había denunciado el presidente del jurado de riegos de esa comunidad: “No voy a denunciar porque quiera la mayoría y luego a la policía, le sentó fatal, por qué tienen que mentir si el tío ha llevado las cosas bien (…) Tanto a Confederación como al Viar nos interesa que este tipo de cosas no prosperen, ¿Qué necesidad hay?”, dijo en una charla informal. La conversación fue grabada por un testigo que remitió el archivo a la Guardia Civil, la cual lo incorporó al sumario que investigaba el Juzgado de Instrucción 18 de Sevilla y que contó con nueve detenidos -entre ellos el expresidente Manuel Romero-, a los que delataron los pinchazos telefónicos.

 

El técnico Francisco Chaves Gil admitió gravísimas irregularidades ante los agentes, como haber puesto en peligro la vida de personas tras llenar dos balsas con cuatro millones y medio de metros cúbicos, superando el límite permitido y sin plan de prevención. Pero luego se desdijo en el juzgado.

 

La jueza María José Moreno requirió en 2022 a la confederación documentación relevante y la entidad podía haber remitido copias de los consumos, recibos y transferencias bancarias por parte de los regantes concesionarios a su comunidad. Sin embargo, esta documentación nunca llegó al juzgado por parte del organismo de Transición Ecológica. Hace un año, la jueza dio carpetazo a la investigación al alegar entre otros motivos que el envío de jamones pata negra a los funcionarios de la confederación por parte de la cúpula de la Comunidad del Viar no eran un “pago, recompensa o contraprestación a algún favor”.

 

 

Fuente: El País