El negocio de la diálisis en Osakidetza

Unos 40 empleados y empleadas de Dialbilbo, filial de Fresenius Medical Care, multinacional alemana del ámbito de la sanidad privada, convocaron nueve jornadas de huelga entre septiembre y octubre. Hace dos años, de la mano del sindicato ELA, también se movilizaron para denunciar la “precarización de la plantilla” y la “reducción de la ratio de médicos nefrólogos” con la finalidad de lograr “más beneficios económicos” por parte esta firma, dedicada a tratamientos de diálisis a pacientes de Osakidetza. También han denunciado la “dejadez” del Departamento de Salud del Gobierno Vasco para hacer cumplir la ratio de personal exigida, es decir, que cada centro de diálisis cuente al menos con un nefrólogo a tiempo completo por cada 40 pacientes en tratamiento, una enfermera por cada cuatro pacientes y una auxiliar por cada 8-10 pacientes. La citada multinacional participó en una trama de sobornos a médicos del servicio de nefrología de la salud pública en Santander, Barcelona, Valencia y Almería.

El Gobierno Vasco, haciendo caso omiso a ambas problemáticas, ha decidido volver a contratar a la multinacional alemana para prestar servicios de hemodiálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria para los años 2024 y 2025. Según la Sociedad Española de Nefrología, cerca de 3.000 personas en Euskadi necesitan un tratamiento de diálisis. La Enfermedad Renal Crónica (ERC) es un grave problema de salud pública que afecta ya a un 10-15% de la población adulta en el Estado español. La mortalidad por este tipo de dolencia ha crecido un 30% en la última década, está ya entre las diez primeras causas de mortalidad en el Estado y podría situarse entre las cinco primeras causas en 2040.  

La propuesta de adjudicación a Dialbilbo de los “servicios de hemodiálisis ambulatoria en centro de diálisis para pacientes del Sistema Sanitario de Euskadi”, data del 16 de marzo de 2022. En representación de la compañía, el contrato lo firmó Carlos Fernández, el marido de Ana Isabel Quinteiro, al menos hasta finales de abril de 2022 coordinadora de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza, exJefa del Servicio de Análisis Clínicos de la OSI Araba, exmiembro del Comité de Planificación y Gestión de la Medicina Personalizada de la Consejería de Salud del Gobierno Vasco y analista destinada en 2008 al Hospital de Cruces. Desde diciembre del año pasado, Quinteiro trabaja en el Servicio de Salud de Madrid. Su marido ha sido directivo de Fresenius entre abril de 2020 y febrero de 2023. A partir de entonces comenzó a trabajar en NIMGenetics, y como representante de esta compañía estampó su firma el pasado mes de junio en otro contrato con Osakidetza, en este caso para vender equipos por valor de 482.790 euros.

Según documentación judicial fechada en el año 2021 y a la que ha tenido acceso Hordago-El Salto, Dialbilbo fue constituida en 1982 bajo el control de la firma Palex, otra importante contratista de Osakidetza a la que el diario El Mundo vinculó con una trama de sobornos en Catalunya. En 1990, los entonces Jefe de la Unidad de Trasplante del Servicio de Nefrología del Hospital de Cruces y Jefe de Servicio de Nefrología de Cruces, adquirieron parte de las acciones de Dialbilbo. “Tras las averiguaciones hechas en recursos humanos de Osakidetza”, el Jefe de Servicio de Nefrología fue advertido de la existencia de “una incompatibilidad entre su función como médico de la entidad pública y profesor de la Universidad Pública Vasca con la participación en una empresa privada”, por lo que decidió desligarse de Dialbilbo. Sin embargo, el Jefe de la Unidad de Trasplante siguió siendo socio de la entidad privada hasta el 20 de febrero de 2008, fecha de su fallecimiento.

En 2017, el asesor fiscal de Dialbilbo declaró en la Audiencia Provincial de Bizkaia que el administrador de esta empresa privada llegó a pagar una cantidad de dinero que no se ha hecho pública al Jefe de la Unidad de Trasplantes del Hospital de Cruces. El motivo, según la testificación, “él y su mujer le presionaban con no enviar pacientes de Cruces”. En palabras del asesor fiscal, los pagos al matrimonio se encubrieron bajo el concepto de “dividendos, para no referirse a chantaje o sobornos”.

En 2012, la multinacional alemana Fresenius compró por dos millones la firma Dialbilbo, y la ya viuda del Jefe de la Unidad de Trasplantes del Hospital de Cruces, quien había trabajado como “visitadora médica”, cobró 288.000 euros. La Audiencia de Bizkaia consideró en mayo de 2021 que el médico “no parece responder al perfil criminológico de chantajista”.

Mientras Dialbilbo atiende a pacientes derivados de sus hospitales de referencia, el Hospital de Cruces y el Hospital de Basurto, Fresenius lidera el sector sanitario privado en Gipuzkoa como propietaria de la Policlínica Gipuzkoa y del Hospital Quirónsalud Donostia. En 2016, la multinacional alemana compró a otro contratista de Osakidetza, Quirón, un grupo privado que lidera el sector sanitario del Estado español y donde trabaja como jefe de servicio un exconsejero de Salud del Gobierno Vasco, Gabriel Inclán.

Ante las noticias de casos de soborno por parte de Fresenius a médicos de la Sanidad Pública en el Estado español, un asunto que la propia compañía llegó a reconocer, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, a la que pertenece OSALDE, Osasun Eskubidearen Aldeko Elkartea, denunció la sistemática “colusión de intereses que se produce entre las empresas privadas y el sistema público, situación esta que se favorece con los procesos privatizadores y con el hecho de que algunos profesionales trabajan en el sector público y el privado”. Para la citada Federación, “las privatizaciones y las llamadas externalizaciones (privatizaciones de algunos servicios y/o prestaciones) son un foco continuado de corruptelas y de derivación de recursos públicos para engordar los beneficios del sector privado”.

De manera más reciente, concretamente desde febrero de 2023, Fresenius también es la encargada de los “servicios de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria para pacientes del Sistema Sanitario de Euskadi”, unos servicios para 36 meses y valorados en más de 12 millones de euros junto a Baxter, otra multinacional que ha sido también relacionada con un intento de soborno en el área de nefrología de la salud pública en Canarias. Ambas multinacionales son “las casas comerciales” con las que viene trabajando el Hospital de Cruces.

Fresenius es una importante contratista del Gobierno Vasco, destacando los siguientes contratos: el “suministro material fungible con cesión de equipamiento, mantenimiento de equipos e instalaciones y servicios relacionados con la gestión integral y humanización paciente Hemodiálisis OSI Araba” (por valor de 7,8 millones); “diálisis peritoneal domiciliaria con posibilidad de solución 100% bicarbonato” (por 4,9 millones); o varios servicios de suministro y distribución “de productos dietéticos a personas con derecho a prestación farmacéutica atendidas en los centros sociosanitarios/residencias”.

Respecto al contrato para los “servicios de hemodiálisis ambulatoria en centro de diálisis para pacientes del Sistema Sanitario de Euskadi” del año 2022, con una duración de 36 meses y valorado en más de 15 millones de euros, este fue adjudicado en dos lotes: uno para Dialbilbo y otro para Hemobesa, las dos únicas que habían presentado oferta en enero de ese año. Hemobesa pertenece al grupo IMQ, en el que trabaja un exviceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, Guillermo López, exjefe del servicio de Nefrología en el Hospital de Cruces.

La presidencia de Hemobesa la ostenta Nicolás Guerra, quien firma el contrato, a su vez exdirector de los hospitales públicos de Basurto y Santa Marina. Guerra dejó Osakidetza para hacerse cargo de la dirección de las clínicas IMQ, sustituyendo en ese puesto del sector privado a Jon Darpón, quien acababa de ser nombrado consejero de Salud del Gobierno Vasco. En la actualidad, Darpón dirige otra firma privada del sector sanitario, Keralty, en compañía del exconsejero de Sanidad Jon Azua, dos exviceconsejeros de Sanidad (José Andrés Gorricho y Fátima Ansotegui) y una exdirectora de calidad de Osakidetza (María Teresa Bacigalupe).

Dialbilbo y Hemobesa también habían resultado ser las adjudicatarias del anterior contrato para los “servicios de hemodiálisis ambulatoria en centro de diálisis para pacientes del Sistema Sanitario de Euskadi” en el año 2019. Este contrato, para 12 meses y valorado en más de 3,5 millones de euros, fue firmado en representación de Osakidetza por la viceconsejera Fátima Ansotegui, ahora directiva de Keralty.

En una carta de opinión publicada por Gara con el título “El negocio de la hemodiálisis”, el nefrólogo donostiarra ya jubilado Alexander Elosegi denunciaba que en Gipuzkoa “pacientes a cargo de la Seguridad Social que siguen tratamiento de hemodiálisis son remitidos a centros privados”, y que “es muy frecuente que dicho nefrólogo titular del centro de diálisis privado sea asimismo el jefe de servicio de nefrología del hospital de referencia de la Seguridad Social”. “La calidad de la asistencia a los pacientes de hemodiálisis es peor que la que se puede ofrecer en un hospital de la Seguridad Social”, concluía.

Por otra parte, el informe “Amenazas al derecho a la salud en Euskadi: desigualdades sociales y procesos de privatización en el sistema sanitario”, elaborado por Medicus Mundi en diciembre de 2016, menciona la concertación del servicio de hemodiálisis por parte de Osakidetza con Fresenius, Dialbilbo, Hemobesa y Baxter. Añade el informe que “otra de las consecuencias de la privatización” es que “la introducción de los beneficios personales” hace "más fácil la corrupción en el sistema sanitario en forma de sobornos de los y las pacientes al personal médico hasta fórmulas mucho más complejas que implican a todo el sistema sanitario”.

Nada de esto ha impedido que estas empresas sigan teniendo una enorme presencia en la provisión de servicios públicos básicos en Euskadi. El pasado mes de mayo, tres de las ya mencionadas, Palex, Baxter y Fresenius, patrocinaron el curso de primavera organizado por la Sociedad Norte de Nefrología. Se da la circunstancia de que esta sociedad fue creada por el socialista Fernando García Damborenea, exresponsable de Nefrología en el Hospital de Cruces y condenado por su implicación en la llamada “guerra sucia” del Estado español.

 

Fuente: El Salto